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Diserta el juez Rogelio Flores sobre la justicia terapéutica, para atender a delincuentes adictos

Instituto de Formación Profesional México D.F. a 06 de Septiembre 2012


El Instituto de Formación Profesional (IFP), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo la Coordinación General del maestro Juan José Olea Valencia, recibió la visita del doctor Rogelio R. Flores, Juez de Cortes de Drogas del Condado de Santa Bárbara, California, Estados Unidos, quien disertó sobre la importancia de la justicia terapéutica, que debe aplicarse a las personas con adicciones que cometen delitos, como mecanismo alterno de solución de controversias en el sistema penal acusatorio.

En este encuentro académico, que se llevó a cabo en el auditorio principal del IFP, se contó con la presencia de la maestra Marcela García Torres Vega, Fiscal Central de Investigación para Narcomenudeo de la PGJDF, así como personal directivo, docentes e investigadores de la casa de estudios de la Procuraduría.

Para la realización del mismo se contó con la participación del Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la Embajada de los Estados Unidos en México.

Tras dar la bienvenida a los visitantes y transmitirles los saludos del Procurador Jesús Rodríguez Almeida, el maestro Olea Valencia, quien se desempeñó como moderador de la mesa, agradeció que la PGJDF haya sido considerada como beneficiaria de la exposición del juez Rogelio R. Flores, ya que el tema en que trabaja y la forma en que lo aborda resulta novedoso, y requiere del análisis y la reflexión seria, respecto de la viabilidad de su implementación en nuestra ciudad.

Explicó a los visitantes que el auditorio estaba compuesto por profesores – investigadores del IFP, quienes llevan a cabo diversas acciones con el fin de resolver y plantear protocolos y opciones de solución sobre los diversos problemas que afronta la procuración de justicia, y que también se encaminan a fortalecer y robustecer la capacitación que imparte el IFP.

Agradeció la presencia de la licenciada Miriam Handam, Coordinadora de Conferenciantes en la Embajada de Estados Unidos en México, por ser gran aliada del IFP, al que nutre con la participación de expositores que abordan temas de interés para los esquemas de procuración de justicia, así como a Nohemí Lira, Especialista en Reducción de la Demanda de Drogas, de la Sección Antinarcóticos de esa misma legación diplomática.

En su exposición, el juez Rogelio R. Flores dio a conocer que las cortes de drogas operan para impartir justicia en los casos de delitos cometidos por personas adictas. Sin embargo, subrayó que enfrenta a casos de reincidencia en 15%, ya que hay buen número de personas que no tienen interés en superar sus adiciones, lo que obliga a tomar determinaciones más drásticas en su contra, como las penas carcelarias.

Señaló que el trabajo del tribunal que encabeza se basa en la colaboración, ya que además de la autoridad de la corte para sentenciar que una persona sea sometida a tratamiento para superar sus adicciones, se utilizan muchos servicios de la comunidad para que esos enfermos logren mejorar su vida, además de dar seguimiento a su conducta y la aplicación de exámenes para determinar que sus cuerpos están limpios de droga. También señaló que en estos casos se otorgan estímulos a quienes avanzan en las distintas etapas del tratamiento.

Respecto del equipo de trabajo que interviene, destacó la participación de fiscales, oficiales de libertad vigilada, psicólogos, terapeutas y estudiantes universitarios de diversas disciplinas, quienes de manera colegiada resuelven junto con el juez, antes de la audiencia, si una persona requiere ayuda, castigo o estímulo.

Tras comentar que las cortes de drogas surgieron hace 25 años en la ciudad de Miami, Florida, y que operan en cada estado de la Unión Americana con particularidades propias, apuntó que el objetivo principal de todos quienes participan en el tribunal es cambiar la vida de las personas puestas a su disposición por cometer delitos bajo el influjo de las drogas o para conseguirlas.

El juez Flores mencionó que el requisito fundamental para que una persona llegue a una corte de drogas es la demostración de que es adicto.

Enfatizó que quienes conforman el equipo de trabajo se enfocan en atender la miseria de los adictos, para cambiar sus vidas. Y puntualizó que si fracasan y hay evidencias de ello después de haberse sometido a tratamiento, no se retiran los cargos y se les sanciona.

Inicialmente intervino el doctor Manuel Horacio Cavazos López, Juez Penal Adscrito a la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia Penal, del TSJDF, quien explicó que el fundamento de los tribunales para las adicciones está en la impartición de justicia terapéutica, distinta de la justicia represiva y reactiva que se imparte en el resto de los tribunales.

Dio a conocer que en el estado de Nuevo León opera ya un programa piloto en la materia, que no está regulado procesalmente en el código penal. Destacó que este mecanismo de impartición de justicia es una salida alterna al proceso, de acuerdo con la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008.

Enfatizó que con este tipo de mecanismos no se busca despresurizar el sistema penal, sino ayudar a personas adictas que han cometido delitos no violentos a resolver su problema de adicción.

En su oportunidad, el doctor Rafael Camacho Solís, Director General del Instituto de Atención para la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, explicó la importancia de atender esos casos no como delitos, sino como enfermedad, pues los adictos no se curan, sino se controlan.

Dijo que en casos de esta naturaleza la justicia no debe actuar como venganza, sino como un mecanismo para restaurar el daño a la víctima y también restaurar a quien cometió el delito, para que quienes superan su enfermedad puedan reincorporarse a su familia y a la sociedad.

Por su parte, el licenciado Enrique Hernández Garibay, Agente del Ministerio Público Adscrito a Juzgados de Preparación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, dio a conocer que el objetivo de la aplicación de este nuevo mecanismo en esa entidad es que se imparta justicia para las dos partes: la víctima y el adicto.

Se refirió a la importancia de atender a los consumidores de drogas, enervantes y alcohol, que deben someterse a tratamiento y superar sus problemas, pues de lo contrario su caso es regresado a juicio.

El licenciado Fabián Darío Acosta, Defensor Público del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, detalló que la justicia penal en México está en etapa de cambio, lo que representa una oportunidad para atender a víctimas de delitos y a víctimas de adicciones, mediante la sinergia institucional.

Subrayó la importancia de impulsar la rehabilitación y reinserción social de los adictos que hayan cometido delitos no violentos, pues el programa puesto en marcha en Nuevo León no es adversarial y tiene controversia, además de que en él participan elementos policiales especializados en la vigilancia y atención de los adictos.

Apuntó que un programa de esta naturaleza es muy social y representa un gran ahorro de trabajo al Ministerio Público.

Luego de una sesión de preguntas, respuestas y comentarios, el maestro Juan José Olea Valencia, Coordinador General del IFP, entregó reconocimientos a los expositores y al Juez Rogelio R. Flores, por su conferencia sobre la operación de las cortes de drogas.

En este acto académico también estuvieron, además de los mencionados, licenciada Guadalupe Berenice Santamaría González, Directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones; maestro Ricardo López Ruiz y licenciados Paola Arízaga Castro, Francisco Aguilar Salas, Sandra Yadira Vázquez Flores y Julián Nava Hernández, Adscritos a la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia Penal.

De igual manera: doctor Juan José Roque Segovia, Director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León; comandante Rolando Almanza Moreno, Responsable del Área de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, y el doctor Eduardo Riquelme García, Responsable directo del tema de la Dirección de Tratamiento, del Instituto de Atención para la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México.

Por el Instituto de Formación Profesional también acudieron a este encuentro el doctor Paul Octavio García Torres, Director Ejecutivo de Profesionalización, Coordinación Interinstitucional, Extensión Académica e Investigación, así como los profesores-investigadores maestra Guadalupe A Valdés Osorio, licenciado Tilemy Santiago Gómez, doctora María de Lourdes Islas Ríos, licenciado Humberto Ortiz Pinchetti, maestro Miguel Ángel Paredes Ramos, maestro Eugenio Franco Maass, doctor Marco Antonio Díaz de León Sagaon, maestro Jesús Corrales Hernández, maestro Juan Moreno Sánchez, licenciada Tane Villasana Benítez y licenciada Jacqueline de la Cueva Méndez..


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